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Boletín de prensa 31 de agosto de 2011
EL TIEMPO
SANTOS DICE QUE EL GOBIERNO NO QUIERE DEBILITAR AL CONSEJO DE ESTADO
El mandatario le respondió al magistrado Mauricio Fajardo, presidente del alto tribunal.
Durante la apertura del Congreso Iberoamericano sobre Derecho Electoral, que se realiza en Bogotá, Fajardo le pidió al Gobierno reconsiderar los términos de la "iniciativa" que apunta a "debilitar" el Consejo de Estado.
Aunque no la mencionó puntualmente, la afirmación del magistrado se entendió como una referencia a la reforma de la Justicia, proyecto que cuyas discusiones ya se iniciaron en el Congreso.
Al iniciar su intervención, Santos le respondió al presidente del alto tribunal, afirmando que "el Gobierno, de ninguna forma, está queriendo debilitar al Consejo de Estado".
Agregó que, por el contrario, lo que se busca con esta reforma constitucional es fortalecer la "autonomía del Poder Judicial".
Las cortes no están de acuerdo con buena parte de los puntos que contempla la reforma de la justicia que radicó el Gobierno en el Congreso.
Según magistrados de estos tribunales, los cambios propuestos debilitan la rama y la vuelven dependiente del Ejecutivo. Por eso, el Consejo de Estado presentó su propio proyecto. Ese articulado, que fue acumulado con las otras iniciativas radicadas, recibió críticas de la Judicatura, por considerar que varios de sus aspectos "vulnerarían la autonomía de toda la Rama Judicial".
Uno de los puntos de desacuerdo de las cortes con el Gobierno es que este quiere terminar con el Consejo Superior de la Judicatura.
LOS SEIS PUNTOS QUE DARÍAN CÁRCEL DE HASTA 3 AÑOS POR DISCRIMINACIÓN
Ley pretende proteger a afros, indígenas, homosexuales y a discriminados por religión o ideología.
Quien les provoque daño físico o psicológico a los afrocolombianos, homosexuales o indígenas, o vulnere los derechos de los ciudadanos por causa de su religión, nacionalidad, ideología política o filosófica, tendrá que pagar cárcel de uno a tres años.
Así quedó contemplado en la ley contra la discriminación, que superó ayer su último debate en la plenaria de la Cámara de Representantes y que quedó lista para la conciliación, tras lo cual pasará a firma presidencial.
La ley aprobada pone especial énfasis en seis circunstancias en las que, según los congresistas, puede presentarse la discriminación por razón de raza, sexo, etnia, orientación filosófica, sexual o política.
1. Entrevistas
Cuando los empleadores deciden descartar de entrevistas laborales a alguien por cualquiera de las anteriores razones hay castigo,
2. Veto
Cuando no se le permita a una persona el ingreso a discotecas, teatros, eventos o centros de convenciones.
3. Despidos
Cuando se pruebe que en el retiro laboral influyó alguna de las situaciones discriminatorias.
4. Agresión física
Sea en sitios públicos o privados
5. Hostigamiento
La ley menciona tanto el físico como el sicológico.
6. Universidades
También se considera el hostigamiento físico y sicológico.
'Neonazis' pagarán hasta cuatro veces más
Otra novedad de la nueva ley es que se castigan las prácticas que generen o promuevan el genocidio y el antisemitismo.
Para estas personas, o para quienes "pretendan la rehabilitación de regímenes o instituciones que amparen prácticas generadoras" de genocidio o antisemitismo, la condena será de entre 8 y 15 años.
Sobre este punto, el senador Carlos Baena explicó que se pretende contrarrestar todo tipo de segregación en Colombia.
"¡Que no se vayan a levantar grupos antisemitas o que vayan a promover posiciones nazistas!", anotó.
Según el representante Alfonso Prada, han surgido movimientos antinazis amenazantes y discriminatorios, y la idea es ponerles límite con la nueva legislación. "Por eso hemos incluido dentro del delito de apología del genocidio, que ya existe en Colombia, el concepto del respeto por la comunidad judía. No toleramos el antisemitismo", agregó.
Gloria Stella Díaz, autora también de la iniciativa y quien será una de las conciliadoras en la Cámara, anunció que se procurará que el texto definitivo sea el de esta corporación, que, según dice, abarca todas las poblaciones vulnerables, las minorías, y que fue más amplio porque introdujo la apología del genocidio y del antisemitismo.
Al final del debate, el representante a la Cámara del Valle por el PIN, Jairo Hinestroza Sinisterra, agradeció al Congreso a nombre de la población afro. "Hoy es un día histórico para Colombia, y esperamos que todos los colombianos entiendan que, de no materializar lo que la Constitución pide, la justicia estará presta para obligarlos a que nos traten como merecemos", añadió.
Defensa y críticas a la iniciativa
La ley, que fue impulsada en el Senado por el Movimiento Mira, pretendía al comienzo castigar solamente las actitudes racistas. Ahora, se constituye en el primer paso para luchar contra la discriminación en Colombia.
El representante por el Partido Verde Alfonso Prada, coordinador de ponentes en la Cámara, definió la discriminación como "el ejercicio arbitrario e injustificado de unas razones que no son compartidas por la sociedad, y que someten al escarnio público, a la humillación, al ultraje e incluso a la agresión física y psicológica a una persona".
La idea es que a partir de la sanción de la norma se reforme el Código Penal para que diga: "El que arbitrariamente impida, obstruya o restrinja el pleno ejercicio de los derechos de las personas por razón de su raza, etnia, religión, nacionalidad, ideología política o filosófica, sexo u orientación sexual, incurrirá en prisión de 12 a 36 meses".
De igual forma, quien promueva agresiones físicas o morales "a una persona, grupo de personas, comunidad o pueblo, por razón de su raza, etnia, religión, nacionalidad, ideología política o filosófica, sexo u orientación sexual" tendrá la misma pena.
Estas condenas se aumentarán en una tercera parte o el doble cuando la discriminación se haga en un sitio público; se divulgue a través de medios de comunicación; cuando la emprenda un servidor público, o cuando sea contra un niño o un anciano, entre otros.
La prisión se reducirá en la misma proporción cuando el sindicado "se retracte públicamente de manera verbal y escrita de la conducta por la cual se le investiga".
Carlos Baena, senador del Movimiento Mira y uno de los autores de la iniciativa, dijo que esta ley concibe un modelo de sociedad de "convivencia". "Será la Fiscalía la que a través de las pruebas califique. Esto no es que cualquier persona va a decir 'me hicieron racismo', y ya. Es aportando pruebas y testigos en un proceso ante la Fiscalía", explicó el senador.
Contó que hubo un caso en una ciudad del país donde pusieron avisos clasificados para convocar un empleo, y en el aviso decía 'NN'. "Uno pensaba que eso quería decir 'no identificado', pero resulta que se hizo la investigación y 'NN' significaba no negro".
El caso llevó a investigación de las autoridades y luego, a una sentencia.
Algunas opiniones
Alfonso Gómez Méndez
Ex fiscal general
"No creo que esto se pueda arreglar penalizando todo. Son tipos penales de difícil aplicación, porque su definición es amplia".
Luis Évelis Andrade
Presidente de la ONIC.
"Es necesario que se desarrolle toda una pedagogía para la inclusión y el respeto a la diversidad".
Diego Gruesso
Asesor jurídico de Afredes.
"El racismo merece un conjunto de medidas que den cuenta de la necesidad de tratarlo de manera más completa".
Germán Rincón Perfetti
Sec. Nacional de mujeres por la Paz.
"Con la aprobación de esta ley, el Congreso avanza en el reconocimiento frente a la poblaciones vulnerables".
Francisco José Sintura
Ex vicefiscal General.
"No había necesidad de incorporar una norma penal para criminalizar una conducta que se puede controlar por otras vías".
DEJAR PRENDIDAS LAS LUCES DE LOS CARROS EN CARRETERA NO ES REQUISITO
Consejo de Estado confirmó un fallo inicial emitido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
De esta forma el Consejo de Estado dejó sin efectos una resolución del Ministerio de Transporte que ordenaba esa medida. (Al fial de la nota, en recursos relacionados, puede encontrar la sentencia completa)
Según la Sección Primera del alto tribunal, el Ministerio modificó con la norma el Código de Tránsito sin tener facultades para hacerlo. En este caso, señala la sentencia, solo una ley podía introducir cambios en la circulación de los vehículos en carretera.
La resolución que fue anulada es la 2730 del 28 de septiembre del 2004 y ampliaba, como medida excepcional, a 24 horas la norma del artículo del Código de Transito de mantener las luces encendidas entre las seis de la tarde y las seis de la mañana del día siguiente.
"La norma legal, aunque faculta a las autoridades de tránsito para fijar horarios de excepción, esto es, horarios que se aparten de la regla general fijada, ello no las autoriza para establecer nuevas normas generales cuya adopción solo compete al legislador", señala el fallo del Consejo de Estado.
Los magistrados de la Sección Primera aclararon que la multa por infringir lo dispuesto en la resolución también queda abolida.
COLOMBIA HA PAGADO 24 MILLONES DE DÓLARES EN DEMANDAS CONTRA EL ESTADO
Jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Esa cifra, unos 42.200 millones de pesos, le han costado 11 procesos ante justicia interamericana.
En una vena rota para las finanzas del Estado colombiano se han convertido las demandas en su contra, ante la justicia internacional. Por solo 11 procesos en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ha tenido que pagar un total de 24'838.500 dólares (unos 42.200 millones de pesos).
El Gobierno reconoció que es una situación preocupante, porque hasta la fecha existen 50 casos pendientes ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que, si pasan a la CIDH, le podrían significar al Estado indemnizaciones por más de 100 millones de dólares, cerca de 160 mil millones de pesos.
Este panorama está consignado en un informe conocido por EL TIEMPO, que envió al Congreso la canciller, María Ángela Holguín, por cuenta de un debate de control político que citó la Comisión Segunda del Senado.
En el documento se reconoce que "por la forma como funciona el sistema (de la CIDH), ni Colombia ni ningún Estado ha ganado un solo caso u obtenido fallo favorable".
Las 11 condenas contra Colombia se han emitido entre el 8 de diciembre de 1995 y el 26 de mayo del 2010.
El debate de control político lo citó el senador Manuel Virgüez, quien afirmó que no descarta la existencia de un cartel que presuntamente se dedicaría a demandar al Estado ante instancias internacionales por los altos montos de las condenas.
"Es preocupante que en Colombia no haya una política de Estado que garantice la defensa de los intereses nacionales desde varias perspectivas. Incluso, hay un caso de puerta giratoria, que es el de Camilo Mejía Gómez, quien fue funcionario del GOI (Grupo Operativo Interinstitucional) contratado por la Cancillería, pero hoy trabaja en la Comisión Colombiana de Juristas para interponer demandas contra el Estado", afirmó el senador.
Virgüez anunció que le pedirá a la Cancillería el listado de las personas que defienden al Estado ante instancias internacionales, "para establecer si hay o no negligencia en tener personal calificado en estas tareas".
Ante situaciones como esta,el Gobierno diseñó una oficina dedicada a defender al Estado en diferentes litigios, porque, según información del Ministerio del Interior, actualmente hay pendientes demandas con pretensiones por más de 100 billones de pesos.
MUJERES EN MÁXIMA ALERTA
Por: Florence Thomas*
Estaremos atentas en la identificación de aquellos y aquellas congresistas solidarios y amigables y a los y las que, a toda costa, quieren generar un retroceso en derechos ya adquiridos.
Para hoy, un tema difícil pero de gran impacto para la vida de las mujeres: la objeción de conciencia. Me explico: los y las integrantes de nuestro flamante 'Tea-party criollo' invitaron a los y las congresistas de la Comisión Primera de la Cámara para una presentación del proyecto de ley estatutaria 022 de 2011 "por el cual se reglamenta el derecho de libertad de conciencia reconocido en el artículo 18 de la Constitución Política". Y quisiera explicar por qué las mujeres nos encontramos en alerta máxima ante un proyecto como este.
Nuestra Constitución, en su artículo 18 reconoce expresamente el derecho a la libertad de conciencia individual, hecho que nos parece fundamental en una sociedad democrática, libre y pluralista. También, la Corte Constitucional ha reconocido la objeción de conciencia en relación con la posibilidad de negarse a cumplir un deber legal en casos difíciles de decidir toda vez que implican dilemas éticos como son, entre otros, la prestación del servicio militar obligatorio o la práctica de procedimientos médicos y, en particular y desde hace seis años, la realización del procedimiento de interrupción del embarazo en los tres casos excepcionales permitidos(C 355/2006).
Para ilustrar lo anterior, existe para todo ciudadano o ciudadana la posibilidad de ser objetor de conciencia por motivos religiosos cuando es el profesional de salud el que directamente debe realizar un procedimiento de aborto legal y considera que este acto está en contravía de sus creencias. Sin embargo, y con el fin de que no queden desprotegidos los derechos de la paciente, ese profesional debe remitirla efectivamente a otro médico o médica que le realice el procedimiento en un lapso máximo de cinco días.
Además, en caso de que esté en riesgo la vida de la mujer gestante y de que el médico sea el único que pueda llevar a cabo el procedimiento -caso muy común en regiones apartadas de un centro de salud o de un hospital- tiene la obligación de realizarlo, pues salvar la vida de la mujer prima sobre el derecho a la libertad de conciencia, hecho que no debería ni siquiera debatirse.
El propósito del proyecto 022 citado más arriba es el de reglamentar ese derecho y concederles su ejercicio a instituciones en su calidad de personas jurídicas, lo que supone que instituciones como hospitales, colegios, asociaciones, etc., podrían objetar conciencia, y en el caso por ejemplo de la sentencia C/355, no prestar el servicio de salud, pasando por encima del hecho de que una institución no posee el elemento humano de la conciencia que da origen al derecho en cuestión.
Otro asunto de este proyecto de ley es que pretende fijar lineamientos para que los jueces fallen las tutelas cuando se considere vulnerado el derecho a la libertad de conciencia, poniendo así en grave riesgo la separación de poderes propia de los Estados de derecho.
Por todo lo anterior, hacemos un llamado a los y las congresistas que tienen en sus manos la posibilidad de reglamentar respetando y reconociendo derechos que han favorecido a las mujeres y que han sido conquistados con tanta dificultad. Estaremos entonces muy atentas en la identificación de aquellos y aquellas congresistas solidarios y amigables y a los y las que, a toda costa, quieren generar un retroceso en derechos ya adquiridos de las mujeres, con este proyecto o con cualquier otro. Y sin alejarme mucho del tema, aprovecho el espacio para informar que el Instituto Guttmacher está invitando al lanzamiento del informe 'Embarazo no deseado y aborto inducido en Colombia', una investigación que arrojará cifras actualizadas de aborto en Colombia, el miércoles 7 de septiembre del 2011. Teléfono: 2 855004 o 2 855003.
EL ESPECTADOR
SANTOS QUIERE QUE 'DESPUÉS DE LA TORMENTA LLEGUE LA CALMA' CON LA CORTE SUPREMA
Luego del rifirrafe que vivió el presidente con el magistrado Mauricio Fajardo del Consejo de Estado, este miércoles el mandatario se reunirá con la sala penal de la Corte.
El presidente Juan Manuel Santos continuará con su proceso de acercamiento con las Altas Cortes, en medio de la discusión de la reforma a la justicia.
Pese a la pretensión del Gobierno de quitarle a la Corte Suprema de Justicia la investigación de los congresistas para darle esa facultad a la Fiscalía General de la Nación, el mandatario intentará conciliar sus ideas con el tribunal. Además, esa visita se registra cuando ya se conoce que la fiscal Viviane Morales Hoyos es partidaria de asumir los procesos de los congresistas, en su etapa de investigación.
Y es que Santos, acompañado de los ministros del Interior, Germán Vargas Lleras; y de Justicia, Juan Carlos Esguerra, se encontrará con la sala penal de la Corte.
De tal orden es el ambiente de conciliación del Gobierno que como antesala al encuentro de Santos y la Corte, Esguerra dos horas antes de dicha cita también acudirá a la Corte Constitucional para dar un saludo protocolario ante los magistrados de este tribunal.
Pelea de Santos con el Consejo de Estado
Aún así, la última imagen del Gobierno con una Corte, el Consejo de Estado, da cuenta de un rifirrafe entre Santos y el presidente de ese tribunal, Mauricio Fajardo.
El martes en un acto público en la biblioteca Luis Ángel Arango donde se desarrolló el Congreso Iberoamericano de Derecho Electoral, el presidente del Consejo de Estado , Mauricio Fajardo, pidió al Gobierno replantear varios puntos de la reforma a la justicia, que a juicio del tribunal, perjudicarían a esa Alta Corte.
Para Fajardo, la reforma apunta "a debilitar al Consejo de Estado en cuanto se nos someta o subordine a otras instituciones puesto que con ello se desconocería la historia".
"El proyecto obligaría al país a regresar sus pasos varios siglos en el tiempo y de la misma manera se afectaría la estructura y el funcionamiento que el constituyente del 91 diseñó para la rama judicial", aseguró.
El Consejo de Estado considera que la autonomía de la rama judicial también se vería afectada por la reforma.
De inmediato, apenas cuando iniciaban los saludos protocolarios en su discurso, el presidente Juan Manuel Santos le respondió al magistrado Fajardo.
Santos desmintió que se quiere ingerir en la autonomía de la justicia, a través del acto legislativo.
"No se trata de debilitar al Consejo de Estado sino fortalecer la autonomía del poder judicial", recalcó el Jefe de Estado.
CAMPAÑA DE LA ONU BUSCA PROTEGER A INDÍGENAS COLOMBIANOS
La idea es resguardarlas del desplazamiento interno, desapariciones, masacres, peligro de las minas antipersonales y el reclutamiento forzoso.
La organización Survival International informó el miércoles que la ONU ha puesto en marcha una campaña destinada a proteger a 35 tribus indígenas que están en peligro de extinción en Colombia tras las amenazas que sufren estos grupos.
En una nota divulgada el miércoles, la organización defensora de las poblaciones indígenas señaló que trabaja estrechamente con una de estas tribus, llamada Nubak, que vive en el noroeste del Amazonas.
Entre las amenazas que sufren estas tribus figuran el desplazamiento interno, desapariciones, masacres, peligro de las minas antipersonales y el reclutamiento forzoso de jóvenes en grupos armados, agrega el comunicado.
Survival International resalta que los grupos indígenas más expuestos al peligro son Nukak-Maku, Guayberos, Hitnu y Sicuani.
Según la nota, la organización indígena nacional de Colombia conocida como ONIC ha afirmado que sesenta indígenas han sido asesinados en los últimos ocho meses y en principio vincula a los paramilitares con gran parte de estos asesinatos.
A través de esta campaña, la ONU confía en alertar sobre la situación en que se encuentran estas poblaciones.
“La campaña de la ONU reconoce con razón que la extinción de una tribu no es sólo una tragedia para los que están directamente involucrados, pero también una irreparable pérdida de vidas humanas”, señaló el director de Survival International, Stephen Corry.
REVISTA SEMANA
CONSEJO DE ESTADO PIDE AL GOBIERNO NO MODIFICAR ALTOS TRIBUNALES
Como respuesta, el presidente Juan Manuel Santos aseguró que la intención no es debilitar el máximo tribunal, sino “fortalecer la autonomía del poder judicial”.
Las diferencias que existen entre el Gobierno y el Consejo de Estado sobre la reforma a la justicia se hicieron evidentes este martes con la solicitud que el presidente del máximo tribunal, Mauricio Fajardo, le hizo al presidente Juan Manuel Santos de no buscar mecanismos para modificar o eliminar los altos tribunales.
Las palabras de Fajardo hacían alusión a uno de los puntos de la reforma a la justicia que propone el Gobierno, que pretende modificar el Consejo de Estado y eliminar el Consejo Superior de la Judicatura. El presidente del máximo tribunal le pidió al Gobierno “revaluar la iniciativa en las que se subordina a las instituciones, pues se desconocería la historia y afectaría el funcionamiento de la Constitución”.
Minutos después, el presidente Santos le respondió. “El Gobierno de ninguna forma está queriendo debilitar al Consejo de Estado. Todo lo contrario, lo que hemos querido, y por eso lo hemos discutido tantas veces con su señoría y con las cortes, es fortalecer a la justicia, fortalecer nuestras instituciones y fortalecer la autonomía del poder judicial. Esa es nuestra intención”.
El proyecto de reforma a la justicia propuesto por el Consejo de Estado está compuesto por 21 artículos y tiene diferencias notorias con la propuesta del Gobierno. Entre ellas estánn la autonomía presupuestal, la dotación de recursos técnicos y humanos para cumplir el propósito de la descongestión judicial, el fácil acceso de los ciudadanos a la administración de justicia, y la eficacia y la prontitud de los fallos.
El proyecto pide el 5 por ciento del presupuesto nacional para la rama judicial -propuesta que fue considerada inviable por el Gobierno-, reemplazar el Consejo Nacional Electoral por un nuevo organismo para el control y la vigilancia electoral, y que el Consejo de Estado dirima las acciones de nulidad electoral, entre otras.
Así mismo, el proyecto del Consejo de Estado no elimina el Consejo Superior de la Judicatura, pero sí hace ajustes a esta corporación en su función de gerencia de la rama judicial.
El día en que el Consejo de Estado radicó su propio proyecto, su presidente, Mauricio Fajardo, aseguró que no hay un choque de trenes con el Gobierno. “No se trata de ninguna clase de enfrentamiento, ni de ninguna ruptura. Es el ejercicio de una facultad constitucional y de contribuir al enriquecimiento de la discusión”, dijo en ese entonces.
CARACOL RADIO
GOBIERNO INSISTIRÁ EN ELIMINACIÓN DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA:
El ministro de justicia, Juan Carlos Esguerra manifestó que el gobierno se mantiene hasta el momento en su proyecto que contempla la eliminación del Consejo Superior de la Judicatura.
Dijo que como van las cosas es uno de los temas a discutirse en el Congreso y ya estan fijadas las fechas para debatir el tema a partir de la semana entrante Expresó que entiende que la Corte Suprema comparte las ideas del Consejo de Estado frente a la oposición de eliminar el Consejo Superior.
En diálogo con Caracol Radio, el ministro de justicia, Juan Carlos Esguerra, dijo que no se ha perdido la guerra en el caso de alias el Cebollero supuesto jefe de sicarios de la oficina de Envigado quien en las últimas horas tuvo que ser trasladado a su residencia.
Dijo que el traslado se realizo dando cumplimiento de una orden de un juez que es de inmediato acatamiento así haya una apelación de la Fiscalía, una investigación al juez y a los médicos.
Explicó el ministro que eso debe desencadenar una determinación pronta del Tribunal de Medellín.
“No puedo hacer futurología de términos lo que si aspiro a que ocurra es que el Tribunal tome la determinación rápidamente ante los elementos de juicio evidencia que no es cierto la agravación medica del sindicado” dijo el ministro.
Reveló que lo que se ha podido establecer es que se trata de la misma condición con la que ha estado viviendo de tiempo atrás y no que su salud se haya agudizado.